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La matriz de riesgos es la herramienta mediante la cual la entidad estatal identifica, analiza, asigna y establece medidas de tratamiento para los riesgos previsibles asociados a un proceso contractual y a la ejecución del contrato. Es un documento obligatorio que forma parte de los estudios previos y debe incorporarse al pliego de condiciones.
Cada fila de la matriz corresponde a un riesgo identificado. Para cada uno se registra: la descripción del riesgo, su probabilidad de ocurrencia, el impacto estimado sobre el contrato (en tiempo, costo o calidad), a quién se asigna —entidad o contratista— y qué medida de tratamiento se establece para mitigarlo o transferirlo.
Los riesgos más frecuentes en contratos estatales son de tipo económico (variación de precios, inflación), legal o regulatorio (cambios normativos durante la ejecución), operativo (disponibilidad de insumos, condiciones del terreno en obra), y de fuerza mayor (fenómenos naturales, orden público). Los riesgos imprevisibles (aquellos que no podían anticiparse razonablemente) quedan por fuera de la matriz y pueden dar lugar a la revisión del contrato si se materializan.
El principio rector de la asignación es que cada riesgo debe ser asumido por la parte que esté en mejor posición para administrarlo, controlarlo o mitigarlo. Los riesgos sobre los que la entidad tiene control o que dependen de decisiones institucionales (demoras en trámites, disponibilidad presupuestal, cambios normativos) generalmente se asignan a la entidad. Los riesgos operativos y de ejecución que dependen de la capacidad del contratista se asignan a este.
En la licitación pública, la ley exige celebrar una audiencia de distribución de riesgos antes del cierre del proceso, en la que los interesados pueden discutir la asignación propuesta. Las observaciones presentadas en esa audiencia pueden modificar la matriz antes de que el pliego quede en firme.
La matriz de riesgos debe leerse con atención antes de estructurar la oferta económica, porque los riesgos asignados al contratista deben estar incorporados en el precio ofertado. Un proponente que no analiza la matriz puede ganar el proceso con un precio que no cubre los riesgos que asumió contractualmente, lo que deriva en pérdidas durante la ejecución o en solicitudes de adición que la entidad puede rechazar.
Si alguna asignación de riesgo parece desproporcionada o injustificada, la audiencia de distribución y el período de observaciones al pliego son los momentos para plantearlo: una vez cerrado el proceso, la matriz queda incorporada al contrato y es vinculante.
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