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Las garantías son los instrumentos que la entidad estatal exige al proponente o contratista para amparar los riesgos asociados al proceso de selección y a la ejecución del contrato. Su propósito es proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales: si el contratista incumple, la entidad puede hacer efectiva la garantía y recuperar el perjuicio económico causado.
Cada garantía puede incluir uno o varios amparos, según el momento del proceso y el tipo de riesgo que cubre.
La garantía de seriedad de la oferta ampara el riesgo de que el proponente retire su oferta, no suscriba el contrato o no constituya las garantías definitivas una vez adjudicado. Su valor es el 10% del presupuesto oficial y debe estar vigente durante el proceso y por un periodo adicional tras la adjudicación.
La garantía de cumplimiento es la más importante durante la ejecución. Ampara el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago del anticipo, el pago de salarios y prestaciones del personal, la estabilidad de la obra o la calidad del servicio, y la responsabilidad civil extracontractual frente a terceros. Cada uno de estos riesgos es un amparo independiente con su propio valor asegurado y vigencia, y no todos son exigibles en todos los contratos.
Los valores asegurados más habituales son: 10% del valor del contrato para el amparo de cumplimiento, 100% del valor del anticipo para el amparo de anticipo, y 5% del valor del contrato por tres años adicionales a su terminación para el amparo de salarios y prestaciones sociales. La estabilidad de obra o calidad del bien o servicio tiene vigencias que varían según el objeto —generalmente entre uno y cinco años después de la entrega.
Estos valores son referencias frecuentes, no fijos: el pliego de condiciones de cada proceso establece los porcentajes y vigencias exactos exigidos, que pueden diferir según la naturaleza y el riesgo del contrato.
La entidad puede hacer efectiva la garantía cuando el contratista incurre en el riesgo amparado: incumplimiento de obligaciones, no reintegro del anticipo, daños a terceros, o cualquier otro supuesto cubierto. Para hacerla efectiva, la entidad debe haber adelantado previamente el proceso administrativo sancionatorio (con audiencia de descargos y acto administrativo motivado) salvo en casos de urgencia manifiesta.
La garantía debe estar aprobada por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato. Si el contrato se prorroga o adiciona, el contratista debe actualizar la garantía para que cubra el nuevo plazo o valor.
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