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La capacidad organizacional es el requisito habilitante que evalúa el desempeño operacional del proponente a través de indicadores de rentabilidad, calculados a partir de sus estados financieros registrados en el RUP. Mide si la empresa genera resultados positivos de su operación, lo que da a la entidad una señal sobre la eficiencia con la que el proponente gestiona sus recursos para ejecutar contratos.
El Decreto 1082 de 2015 define dos indicadores estándar.
La rentabilidad del patrimonio mide el rendimiento que genera la empresa sobre sus recursos propios: se calcula dividiendo la utilidad operacional entre el patrimonio. Refleja qué tan eficientemente la empresa utiliza su capital propio para producir resultados operativos.
La rentabilidad del activo mide el rendimiento sobre la totalidad de los activos de la empresa, independientemente de cómo estén financiados: se calcula dividiendo la utilidad operacional entre el activo total. Es un indicador de eficiencia operativa general.
Ambos indicadores se obtienen del estado de resultados y el balance general del último año fiscal, registrados en el RUP ante la Cámara de Comercio antes del 31 de marzo de cada año.
Aunque ambas se acreditan con los mismos estados financieros y se registran en el RUP, miden dimensiones distintas de la salud de la empresa. La capacidad financiera evalúa la liquidez y el nivel de endeudamiento (la solidez del balance para cumplir obligaciones de corto y largo plazo). La capacidad organizacional evalúa la rentabilidad (si la operación de la empresa genera valor o incurre en pérdidas).
Una empresa puede tener buena liquidez pero utilidad operacional negativa, o ser rentable pero muy endeudada. La exigencia de ambas capacidades como requisitos habilitantes busca tener una visión integral de la salud financiera del proponente.
Cuando la utilidad operacional es negativa (situación frecuente en empresas jóvenes, en etapas de crecimiento acelerado o en periodos de baja facturación) los indicadores de rentabilidad resultan negativos. Si el pliego fija un umbral mínimo positivo, la empresa queda inhabilitada por este requisito aunque cumpla todos los demás.
En estos casos, el proponente tiene pocas alternativas dentro del proceso: la capacidad organizacional negativa no es un defecto subsanable. La estrategia más efectiva es anticiparse, revisando si los indicadores del año en curso (que se reflejarán en el próximo RUP) van a mejorar, o evaluando si la participación en consorcio con un socio que tenga indicadores positivos puede resolver la situación, según lo que admita el pliego.
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