La capacidad financiera es el requisito habilitante que permite verificar que el proponente cuenta con la solidez económica necesaria para ejecutar el contrato sin riesgo de insolvencia durante la ejecución. Se evalúa mediante indicadores calculados a partir de los estados financieros registrados en el RUP, y opera de forma binaria: el proponente cumple los umbrales exigidos o no cumple, sin que genere puntaje adicional.
El Decreto 1082 de 2015 establece tres indicadores estándar de capacidad financiera.
El índice de liquidez mide la capacidad del proponente para cubrir sus obligaciones de corto plazo: se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Un índice igual o superior a 1 indica que la empresa puede atender sus deudas inmediatas con sus activos líquidos disponibles.
El índice de endeudamiento mide qué proporción de los activos totales está financiada con deuda: se calcula dividiendo el pasivo total entre el activo total. Un índice muy alto indica alta dependencia de terceros y mayor riesgo financiero; los pliegos suelen fijar un techo máximo.
La razón de cobertura de intereses mide la capacidad de la empresa para pagar sus gastos financieros con su resultado operativo: se calcula dividiendo el EBITDA entre los gastos de intereses. Este indicador aplica solo cuando el proponente tiene deuda con costo financiero; si no tiene gastos de intereses, el indicador no se exige.
Los indicadores se calculan a partir de los estados financieros del último año fiscal —balance general y estado de resultados— que el proponente presenta ante la Cámara de Comercio al renovar el RUP antes del 31 de marzo de cada año. La Cámara verifica la consistencia de la información y la publica en el certificado RUP, que es el documento que la entidad consulta para verificar la capacidad financiera sin exigir documentos adicionales al proponente.
Los estados financieros deben estar firmados por el representante legal y certificados por un contador público, y en los casos que la ley exige, deben tener firma del revisor fiscal.
Aunque ambas se calculan a partir de los estados financieros y se registran en el RUP, miden aspectos distintos. La capacidad financiera evalúa liquidez y nivel de endeudamiento —la salud del balance. La capacidad organizacional evalúa rentabilidad: el rendimiento sobre el patrimonio (utilidad operacional / patrimonio) y el rendimiento sobre los activos (utilidad operacional / activo total). Una empresa puede ser líquida pero poco rentable, o rentable pero muy endeudada: por eso se evalúan por separado.
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